Los derechos fundamentales son categorías constitucionales importantes para una nación. En la búsqueda de garantizar estos derechos, Brasil puede agregar un nuevo derecho fundamental a su Constitución: el derecho a la seguridad climática.
La seguridad climática implica adoptar medidas efectivas para mitigar los impactos del cambio climático, adaptándose a los desafíos presentes y futuros. Esto implica la implementación de políticas públicas que promuevan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomenten el uso de energías renovables, conserven los ecosistemas y promuevan la sustentabilidad en todos los ámbitos de la sociedad.
En 2022, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la PEC 37/21, propuesta que tiene como objetivo obligar al Estado brasileño a actuar de manera efectiva para minimizar los impactos del cambio climático en el país.
La seguridad climática no es solo una cuestión ambiental, sino que también está inextricablemente vinculada a la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Al garantizar la seguridad climática como un derecho fundamental, se protege el futuro del planeta y se asegura una vida digna para las presentes y futuras generaciones.
La PEC también propone una reforma a la Constitución Federal, estableciendo la seguridad climática como un principio fundamental del orden económico, alineado con la soberanía nacional, la libre competencia y la reducción de las desigualdades regionales, entre otros principios esenciales.
De aprobarse, la PEC 37/21 impone al Estado el deber de proteger, tanto a los brasileños como a los extranjeros residentes en nuestro país, de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas, alteraciones del ciclo pluvial, inundaciones y desastres naturales. El proyecto modifica el art. 5, caput, añade el inciso X al art. 170 y el inciso VIII al §1 del artículo 225 de la Constitución Federal. Adicionalmente, el Estado también puede ser considerado responsable por acciones y decisiones que pongan en peligro la seguridad climática de la nación.
La seguridad climática como derecho fundamental representaría un importante paso adelante en la protección de la vida y el bienestar de todos los ciudadanos brasileños, así como un compromiso del Estado para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático. A medida que se intensifica el cambio climático, los impactos devastadores se hacen cada vez más evidentes. En Brasil y en todo el mundo, los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas, inundaciones devastadoras y tormentas cada vez más intensas, son cada vez más frecuentes e intensos.
La PEC 37/21 trae, por lo tanto, la esperanza de que Brasil pueda convertirse en líder en la adopción de medidas concretas y efectivas para mitigar los impactos climáticos y garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Se necesita un esfuerzo conjunto para abordar estos desafíos y promover la realización de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son la base de una sociedad justa y democrática. Son quienes garantizan la vida, la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Por ello, es fundamental que sigamos luchando por su implementación, superando obstáculos y construyendo un futuro para las personas.
